Resumen: El 1 de octubre de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó revisar el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha (n.º 26-104). La Corte decidirá si la ley federal exige detener, sin audiencia de fianza, a las personas que viven en el país después de haber entrado sin ser admitidas.
Qué pasó
La pregunta aceptada por la Corte es si la sección 1225(b)(2)(A) del título 8 del Código de los Estados Unidos obliga a detener durante el proceso de deportación a quienes, como el demandado, están en el país sin haber sido admitidos.
Durante décadas, las personas que entraron sin inspección y luego fueron arrestadas dentro del país quedaban detenidas, por lo general, bajo otra ley, la sección 1226(a), que permite la libertad bajo fianza. Según el escrito del demandado, el gobierno cambió esa interpretación en 2025 y comenzó a tratar a estas personas como “solicitantes de admisión” que deben permanecer detenidas sin fianza.
El escrito describe al demandado, Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, como un residente de muchos años que se presentó voluntariamente para pedir asilo antes de ser arrestado. Después de que un tribunal federal ordenó una audiencia de fianza, un juez de inmigración determinó que no era un peligro ni había riesgo de fuga y ordenó su liberación, según el mismo escrito. El 28 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito falló a su favor y concluyó que la detención obligatoria no se aplica a personas en su situación.
El gobierno, representado por el Procurador General (Solicitor General), sostiene que una ley de 1996 hizo de la “admisión” legal, y no de la entrada física, el criterio clave, por lo que toda persona presente sin admisión está sujeta a detención obligatoria. Su petición señala que el fallo del Segundo Circuito contradice decisiones de los circuitos Quinto y Octavo. Los abogados del demandado, de la ACLU, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y el Northwest Immigrant Rights Project, afirman que siete de nueve circuitos han rechazado la interpretación del gobierno.
A quién afecta
El resultado podría afectar en todo el país a personas que entraron sin inspección, llevan tiempo viviendo aquí y son arrestadas y puestas en proceso de deportación. El caso trata sobre si pueden pedir a un juez de inmigración la libertad bajo fianza mientras se decide su caso. No decide si alguien puede quedarse en Estados Unidos.
Qué significa
Aceptar el caso no es una decisión sobre el fondo. Mientras la Corte no decida, siguen vigentes las reglas de cada circuito federal, por lo que hoy los resultados varían según el lugar de detención. Al 18 de octubre, el expediente no indicaba fecha de argumentos orales; el 16 de octubre el gobierno pidió una prórroga. Otro caso ante la Corte, Genalo v. Black (n.º 25-886), plantea una pregunta relacionada sobre debido proceso y detención obligatoria bajo otra disposición. Para personas con casos de asilo u otros trámites pendientes, la decisión final podría definir si las audiencias de fianza siguen disponibles en todo el país.
Fuente: Corte Suprema de los Estados Unidos – Expediente n.º 26-104, Rhoney v. Barbosa da Cunha (petición concedida) (publicada el 1 de octubre de 2026)
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